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Se prevé que el transporte urbano correspondiente a la movilidad compartida se duplique y alcance el 7 % de todos los desplazamientos urbanos en 2030. Complementará de forma flexible al transporte público para hacer más asequible la movilidad, generará importantes beneficios económicos y reducirá el uso del coche particular hasta en un 20 % en las grandes ciudades.
Lamentablemente, la normativa europea no avanza al ritmo de la innovación en movilidad compartida, pues limita los servicios, perjudica a los consumidores y afecta considerablemente a las ciudades.
El transporte en coche bajo demanda (en vehículos VTC) es un servicio clave para la movilidad compartida y actualmente registra niveles récord de demanda de pasajeros. Sin embargo, la normativa existente, obsoleta e incoherente, hace que grandes ciudades como Barcelona, Roma o Hamburgo tengan menos de un vehículo de este tipo por cada 1000 habitantes, cifra insuficiente para satisfacer la demanda.
Pasajeros y conductores también se enfrentan a diversos obstáculos diseñados para restringir la competencia:
- En Alemania, los vehículos de transporte con conductor (VTC) tienen que hacer un recorrido vacío “de vuelta a la base” cuando no reciben un viaje o reserva inmediato.
- En España, y pronto puede que también en Italia, los pasajeros tienen que reservar un viaje con hasta 30 minutos de antelación en algunas regiones.
- En Grecia, para usar un VTC hay que alquilarlo durante un mínimo de 3 horas.
Restricciones como estas generan precios más altos, tiempos de recogida más largos y un servicio menos fiable.
En última instancia, estas restricciones también afectan negativamente a las economías de las ciudades, ya que hay menos oportunidades de ingresos para los conductores profesionales, los negocios locales se resienten y una cifra menor de personas tiene acceso al amplio ecosistema de la movilidad compartida, que podría reducir la dependencia de los coches particulares.
Los problemas de regulación no se limitan al transporte en coche bajo demanda. Las bicicletas y patinetes eléctricos compartidos pueden cubrir trayectos cortos de menos de 3 km y son fundamentales en las conexiones con el transporte público urbano. Las normativas locales, que no cumplen con los propósitos esperados, hacen que suban los precios y restringen la competencia.
Esto repercute en las ciudades, ya que el 50 % de los desplazamientos en patinete podrían suponer una conexión con el transporte público, el 30 % son desplazamientos diarios para ir y volver del trabajo y el 20 % se hacen por ocio.
Las ciudades no pueden permitirse desperdiciar estos desplazamientos.
Soluciones para la movilidad compartida
Una solución eficaz podría proceder de un planteamiento europeo que cree un mercado único para los servicios urbanos de movilidad compartida, fomente la competencia leal y ofrezca a los pasajeros más opciones de transporte.
Una modernización de la normativa garantizaría seguridad y coherencia tanto a los consumidores como a los proveedores de servicios, haciendo que el transporte bajo demanda fuera más fiable y asequible para los pasajeros.
La normativa no debería imponer límites arbitrarios. Al contrario, debería crear más opciones para los usuarios y para las ciudades, ofrecer mejores oportunidades de ingresos a los conductores profesionales y dar lugar a un sistema de transporte urbano más eficiente en general. Obtén más información en nuestro documento de posición completo en inglés aquí o ponte en contacto con nuestro equipo en sharedmobility@bolt.eu.